Derroches, sueldos millonarios de funcionarios gubernamentales, estatales e instituciones autónomas crean base de la pirámide de la nueva clase burócratas enriquecidos con la función de actuar contra el pueblo y el país bajo el mando capital financiero de los monopolios extranjeros

 

Fue a raíz del segundo ascenso éste del Pálido-Pelegato, con Leonel Antonio Fernández Reyna como Presidente, que reclamamos que, en esa ocasión, en vez de tomar el camino de las penalizaciones tributarias e impositivas sobre la atribulada economía de la población, empezara desmontando la pirámide escandalosa de carácter faraónico de los salarios en términos millonarios que, de entrada, impuso a raíz de su primer ascenso al Poder en el 1996, para dejar así inaugurado el proceso de creación de una enriquecida clase burocrática estatal, como uno de los requisitos y secuelas inevitables de la entronización del modelo neoliberal en el país, con las llamadas reformas estructurales, que no son más que las modificaciones legales para la perfecta adecuación de las estructuras jurídicas nacionales para su función de matar a la nación y, en vez de servir al pueblo que reclama justicia, adaptarse para que la expoliación que canaliza la ambición de los monopolios resulte más demoledora y eficaz en sus logros.

Contrario a esa demanda nuestra y de no pocos sectores y círculos nacionales, Leonel Antonio Fernández Reyna no hizo caso, y prosiguió con su nefasta obra, empezada en el 1996, en aras de la creación de la clase burocrática enriquecida con salarios millonarios a costa del país y el Estado, cumpliendo una demanda estratégica de carácter anti-nacional de parte de los EE.UU. y la Unión Europea, así como de las agencias financieras internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y FMI.

El significado de esos sueldos de 100 mil pesos y de 400 mil, 500 mil, 600 mil y hasta de más de uno, 2, 3. 5 y hasta 8 millones de pesos mensuales, además de incentivos y otras entradas, como casi siempre ocurre, no fue obra de la casualidad, sino parte del plan llamado de la descentralización e inutilización del Estado como instrumento nacional, para reducirlo a una fuente de enriquecimiento personal de una élite, constituida por lo que llamamos burocracia estatal enriquecida, que, a su vez, debe servir al imperialismo de los EE.UU. y como verdugo del pueblo.

Fue hace poco cuando la prensa amarilla, presionada por una pesada realidad, se vio precisada a abrirle espacio en sus medios al fenómeno de esos sueldos millonarios dentro y a costa del Estado. Y del mismo modo están los casos de los sueldos e incentivos multimillonarios del Banco Central, de la Suprema Corte de Justicia, de los organismos autónomos del Estado, como son los incumbentes de Indotel, o bien de los miembros del Congreso (senadores y diputados), de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, etc.

Pero esa prensa amarilla y venal se calla que todo eso se lleva a cabo con reglamentaciones internas de dichos departamentos autónomos del Estado, en franca transgresión del espíritu y la letra de la Constitución.

 

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