El Ministerio Público busca coartadas para politiqueros del gobierno pálido vinculados a la red de Quirino igual que para la mafia bancaria que movía el lavado

 

Cada vez resulta más capciosa la línea de conducta de la Procuraduría General de la República, representada por el baña-santos Francisco Domínguez Brito, la agonía Hernández Peguero, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y sus jefes de la Secretaría de las FF.AA. y la Policía Nacional.

Aquí, por ejemplo, se sabe que el dueño de la bomba de gasolina que le ocuparon y confiscaron a Quirino Paulino Castillo, originalmente no era del general Rivera Jiménez (primo hermano del ex-Secretario de las FF.AA. y encargado por éste de repartir los millones que bajo el título “para la receta del fin de semana” Soto o Trujillo Jiménez repartía entre oficiales, civiles comprados y demás), sino del señor Lalane José, que al disolverse la compañía que constituía, junto a otros, entre los que se encontraba la actual esposa del general Rivera Jiménez, dicha bomba quedó en manos de esa señora.

Del mismo modo se sabe que Rivera Jiménez había tenido, en el pasado, problemas, al ser involucrado en cargamentos de estupefacientes en la zona de Baní.

Lalane José sabe del asunto. Este señor, que fue funcionario del pasado gobierno como Contralor General de la República, sabe en manos de quién quedó la bomba esa de gasolina, y cómo llegó hasta las de Quirino Paulino.

De la misma manera resulta confusionista para una buena parte de los sanjuaneros lo de darle el sobrenombre de “El Príncipe” a Eduardo Rodríguez. ¿Qué se trae entre manos la DNCD?

¿A quién busca proteger la DNCD?

¿Se trata de proteger al ex-diputado del perrodé, Paulino Villanueva, o es que se trata de, por carambola, involucrar a este señor que, ostentando una boyante situación económica, en muchos lugares de dicha Provincia de San Juan de la Maguana se le llama “El Príncipe”?

Otra cosa más, las declaraciones difundidas por el Fiscal del Distrito Nacional, Hernández Peguero, “La Agonía”, con que este señor excluye del delito de complicidad a los bancos del país en el asunto de los vínculos con los narcos y del lavado, no contribuyen a la verdad, a la transparencia ni a la confianza en las autoridades gubernamentales, del Ministerio Público ni de la DNCD.

De las torres y apartamentos confiscados como pertenecientes a Quirino Paulino, hay una que éste había concedido a una gerente general de un banco en San Juan de la Maguana, a la que precisamente se mudaba el mismo día en que Paulino Castillo fue apresado.

Lo mismo se sabe de los otros gerentes de los demás grandes bancos presentes en la región y con vínculos muy íntimos con Quirino Paulino Castillo. ¿Qué pasa? Y aquí nadie, absolutamente nadie, se traga ni se tragará el cuento chino de que en una sucursal regional de un banco, a alguien se le acepta que se deposite por ejemplo, 20 millones, 40 millones, ó 100 millones de pesos sin la previa autorización de la sede bancaria central.

Más aún, ¿quién o quiénes le pagaron 10 millones de pesos sólo a un abogado, como Carlos Balcácer, o a los otros y a los demás?

Ya se sabe que El Caribe y el canal 37, CDN, han sido vendidos por imposibilidad de parte de su antiguo dueño de seguirlos financiando, en virtud de la nueva situación.

Otro tanto resulta, y que viene a confirmar el porqué el sobrenombre del gángster “Murmullo” de los comics de Dick Tracy que el encaja a Danilo -Murmullo- Medina, son las declaraciones de éste de que si se hacen públicas las auditorías practicadas a los distintos departamentos del pasado gobierno, aquí se estremecería, como si se tratara de un terremoto, todo el país. Y que sólo si Rafael Hipólito Mejía lo desea y lo quiere, el gobierno actual -ha dicho Murmullo Medina-, daría a conocer esas auditorías.

Cuando funcionarios gubernamentales y dirigentes del partido oficialista Pálido acusan al perrodé de estar chantajeando, deben dejar espacio para responder la pertinente pregunta: ¿Y qué es lo que precisamente hace Danilo -Murmullo- Medina?

Si en República Dominicana existiese una Judicatura válida con el término éste y no un mamarracho que encabeza el montaraz cipayo Subero Isa, estuviese en marcha un proceso en defensa del erario estatal y el patrimonio público para forzar a “Murmullo” Medina a decir todo lo que sabe de las mil millonarias estafas de que se ha hecho víctimas al país y al pueblo.

¿Por qué “Murmullo” Medina, como un traje a su medida, prefiere el estilo del chantaje, y no formula y promueve una contundente y vertical acusación a los responsables de las estafas puestas de relieve en las auditorías a que, chantajistamente, como cosa del gángster “Murmullo” de los comics de Dick Tracy, lleva a cabo Danilo Medina?, ésta es una muy oportuna pregunta.

 

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