La condición de usurpadores del Poder Judicial de Subero y su banda demanda un movimiento nacional que restituya la legitimidad en la Judicatura y en la Suprema Corte en particular

Subero Isa y las pandillas, tanto la que lo respalda desde los centros financieros que lo imponen, violentando tanto la Constitución como la Ley de la Carrera Judicial, como los que en el campo de la Judicatura y el manejo de la vida estatal dominicana creen que su usurpación se mantendrá eternamente, contra vientos y mareas, por contar y compartir el botín de su ilegítima acción con la Iglesia Católica-Vaticano y los mecanismos internos como Finjus-Participación Ciudadana y la supuesta sociedad civil, consorcio de círculos de presión Ucamaima con que ésta reduce el proclamado Estado libre dominicano a la vil condición de lacayo y súbdito de su parasitismo oscurantista retrógrado.

Pero tanto Subero Isa como su banda, resultado de una asociación de malhechores que se ha declarado vitalicia desde su base de operaciones, que es la Suprema Corte de Justicia, están profundamente equivocados, y no perciben que están abocados a tener que enfrentarse y rendir cuentas a un creciente movimiento político y social que gradual, pero firmemente, toma conciencia de la situación, de quiénes son sus reales enemigos y de los mecanismos espurios de que se valen para manipular la vida nacional por derroteros opuestos al interés general de la nación.

La corrupción imperante en la Judicatura, cuya proclamada modernización, que tanto cacarea el usurpador de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, en la que se ha proclamado vitalicio, igual que sus demás integrantes, tiene su espina dorsal en la ilegitimidad en que se sustentan Subero Isa y su banda, la cual, a su vez, es amparada por el poder de las entidades financieras de las agencias internacionales, cuya acción de intromisión y manipulación se efectúa con los diligentes servicios de la Iglesia Católica-Vaticano y los mecanismos de ésta que ya hemos señalado.

La Constitución es bien clara respecto a la Suprema Corte y a todos los miembros de la Judicatura, en torno a lo que establece:
“Art. 63.- El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del Orden Judicial creados por esta Constitución y las leyes. Este poder gozará de autonomía administrativa y presupuestaria.
“…
“Párrafo IV. Una vez vencido el período por el cual fue elegido un juez, permanecerá en su cargo hasta que sea designado su sustituto”.
Otro tanto se encuentra en la Ley de la Carrera Judicial, en la cual se consigna que:
“Art. 14.- Al designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura determinará el tiempo por el cual realiza la designación que lo será por no más de cuatro (4) años a partir de la fecha de la misma…
“…
“Párrafo II.- El Consejo Nacional de la Magistratura designará cada cuatro (4) años de entre los dieciséis (16) Jueces que integran la Suprema Corte de Justicia un bufete directivo integrado por un presidente, un primer sustituto y un segundo sustituto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como los presidentes de las tres cámaras que conforman ese alto Tribunal, pudiendo ser reelecto el Presidente cuantas veces el Consejo Nacional de la Magistratura lo juzgue conveniente.
“Párrafo III.- Durante el tiempo de su designación, los Jueces nombrados tanto por el Consejo Nacional de la Magistratura como los designados por la Suprema Corte de Justicia, serán inamovibles, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea elegido su sustituto.
“…
“Párrafo V.- (Transitorio). Los Jueces de la Suprema Corte de Justicia actualmente en ejercicio permanecerán en sus cargos en forma inamovible durante cuatro (4) años a partir de la fecha de su designación”.

De la ilegitimidad palpable que se comprueba al sólo poner frente a frente lo estipulado por la Constitución y la Ley de Carrera Judicial, de un lado, con la permanencia del grupo de Subero al frente de la Judicatura y con el control de la Suprema Corte de Justicia, se desprende que se trata de una real asociación de malhechores que usurpa uno de los poderes del Estado.

Esa ilegitimidad, que se desprende de la usurpación mediante una medalaganaria y antojadiza interpretación del concepto inamovilidad, establecida únicamente dentro del marco del tiempo por el cual fueron designados para ocupar esos cargos, lo que han transformado Subero y los suyos en ocupación vitalicia con la que se materializa la usurpación, es la transgresión de todo derecho y con ello se hace amoral, por lo que no debe extrañar a nadie que sea, efectivamente, la justicia más corrupta de todas las antes conocidas en la febril vida de la nación dominicana.

Cínicamente, Subero Isa admite que es la Justicia más cara, a sabiendas de que esto contraviene lo estipulado en la Constitución que proclama su carácter gratuito. Una vez hubo de admitir que la Judicatura era un verdadero desastre. Y a los dos días parece que sus amos le enmendaron la plana y reapareció afirmando que la Justicia dominicana era admirada en todos los demás países. Ahora refuta que sea la más corrupta, como realmente se sabe que lo es.

Ese problema de la ilegitimidad de la Judicatura, particularmente de la Suprema Corte de Justicia, es cada vez más grave y agudo, puesto que la única preocupación de la asociación de malhechores que la usurpa para repartirse privilegiadamente el uso de uno de los tres poderes del Estado, el único cuyos incumbentes superiores no son electos por sufragio electoral, es cómo mantenerse usurpando esas funciones, y dentro del ordenamiento jurídico existente no hay mecanismos específicos a los que recurrir para poner coto a la arriesgada situación que, más rápido que tarde, habrá de desembocar en una crisis de incalculables proporciones, pero que mientras tanto la sociedad y el país están pagando a un precio muy alto la usurpación del Poder Judicial por parte de los componentes de la tenaza que acogota y ahorca al país y al pueblo dominicano, que son el imperialismo norteamericano y el europeo, de un lado y la Iglesia Católica-Vaticano del otro lado.

Del tranque impuesto en el orden jurídico para que prosiga la ilegitimidad y corrupción de marras se desprende que el asunto se ha convertido en un tema de carácter político, y que el pueblo, a través de sus sectores más lúcidos, debe abordar y resolver.