Las últimas semanas se ha declarado, por parte de los mismos responsables, que definitivamente resulta infuncional la mal llamada seguridad social, tal y como los comunistas venimos insistiendo en denunciar. Pero lo más grave de todo es que mediante esa Ley mal llamada de Seguridad Social se ha desarticulado y desmontado todo el sistema hospitalario público mediante el cual el Estado ofrecía no un sistema de salud a la población, como es el reclamo histórico innegociable por los pueblos, se ofrecía una asistencia de salud hospitalaria precaria y muy deficiente, pero por lo menos algo era algo, y ahora sí es verdad que con el neoliberalismo estamos mal, pues los hospitales están descalabrados, quebrados y algunos hasta cerrados.

Esto sólo refleja la indolencia cruel y despiadada de los círculos gobernantes nativos y de los consorcios imperio-capitalistas que, con tal de hacer negocios y obtener descomunales ganancias en dinero, han dejado sin asistencia hospitalaria ni médica al pueblo pero, en cambio, han montado el negocio de la salud al que llaman Ley de Seguridad Social.

Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no entran en el negocio del seguro familiar porque no les resulta rentable. Las clínicas privadas, en las que los neoliberales atrincherados en los bancos y consorcios, preconizaban hacer descansar el sistema de salud y asistencia médica del país, al igual que todos los demás servicios sociales, se niegan a meterse en eso del seguro de familia puesto que terminarían quebrados y convirtiéndose en indigentes pedigüeños.

Si un ciudadano coge una enfermedad y por desgracia pertenece a la gran mayoría de los pobres, pasa las de Caín, y no para recuperar la salud, lo que si fuera así al fin y al cabo valdría la pena, ni para prolongar su vida siquiera, sino como viacrucis antes de que la muerte se lo lleve.

Es alarmante el punto a que ha llegado el desastre que para la extensa población ha arrastrado al país lo que se pretende llamar reforma bajo el signo del neoliberalismo de los servicios médicos y hospitalarios, así como de los servicios sociales en general, que en otras áreas de la vida de toda nación quedaban bajo la directa responsabilidad del Estado y sus diversos gobiernos, aún pertenecieran a los grupos políticos oligárquicos nativos escogidos para actuar como administradores de los intereses de los consorcios monopolistas internacionales, particularmente de los EE.UU. en el país, República Dominicana.

A escala nacional han sido desmantelados los servicios hospitalarios y médicos que limitadamente en forma gratuita el Estado ofrecía antes a sectores nacionales de la población que con urgencia y dada su insolvencia económica requerían que fueran atendidos para restablecerles la salud y así prosiguieran viviendo.

Aún dentro de esos servicios sociales de salud, que corrían a cargo del Estado, los sufrimientos que padecía en forma obligada la gente no eran pocos. Muchos morían por falta de atención urgente en forma adecuada, otros tenían que volver a sus hogares sin ser atendidos o si lo lograban era en forma muy parcial. Al hablarse y pregonarse que, al igual que en el orden político, donde ocurrían persecuciones ideológicas y discriminatorias, crímenes, prisiones, deportaciones, torturas y desapariciones, se aceptaba y reconocía la necesidad de ponérsele coto a dicha situación imperante, se dijo lo mismo para las áreas de los servicios sociales de electricidad, salud, educación, transporte, asistencia técnico-financiera para la producción agropecuaria y la vida laboral en las fábricas y centros de producción en general.

Al presentarse dentro de este panorama la llamada Ley de Salud y la de Seguridad Social, inscritas dentro del conjunto de ofrecimientos con que se vendía el neoliberalismo y la globalización, de parte de la población en forma ingenua y hasta cierto punto envilecida y acostumbrada a que le "den" y le "regalen", se generó la confianza en lo que tan generosamente se le ofrecía.

Ahora la gente no se queja por la deficiencia del manejo médico gratis o relativamente gratis que se le ofrecía. Tampoco tiene que sufrir los malos internamientos en aquellos poco acogedores hospitales, muchas veces funcionando hasta con la ausencia de las mínimas condiciones ideales que establece el standard para que se les calificara con certeza como un centro hospitalario o médico.

Ya tampoco se les manda antes de tiempo para las calles a que acaben de sanarse en su casa y abandonen el hospital público.

Ahora la situación es diferente. Esos enfermos, si no tienen una tarjeta de seguro médico, o en su lugar los cuartos con qué cubrir el pago del hospital y hasta cierto punto del médico, ni siquiera tienen permitida la atención ni el internamiento, o sea que no los atienden ni siquiera en forma limitada ni deficiente, tampoco los echan antes de tiempo, puesto que, simple y llanamente, no los internan.

Los hospitales públicos de ayer, hoy no dan ni siquiera calmante ante un dolor insoportable. No se les pone, en tanto haya un tratamiento general, el famoso suero de "aguántate ahí". No aparece la aguja, el hilo, el anestésico ni el desinfectante para curar al accidentado de urgencia y evitar mayores complicaciones. En fin, los hospitales públicos, tal y como eran antes, ya han desaparecido, por lo menos en sus funciones sociales.

El Estado ha pasado a ser sustituido en su papel estelar de servicios sociales de primer orden ante la población. Ha sido reducido en principio al de mero administrador y regulador de los impuestos fiscales para el pago de su auto-mantenimiento, así como garante de los intereses de las clases explotadoras y de los consorcios extranjeros, mediante un acrecentamiento de su capacidad represiva, en lo cual se han esmerado los gobiernos títeres.

Hoy ya, tras unos cinco años de implementarse este proceso neoliberal, aunque en realidad van más de 15 años en esto, un balance de hechos y cifras indican que en el área de la salud, igual que en la de todos los servicios sociales, lo que ha resultado es un inigualable y jamás visto desastre en contra de la población.

Cuando se hablaba de reforma, la gente común y corriente había querido entender avances, mejoras y eficiencia para todos. Sin embargo, los hechos están diciendo en forma tozuda y áspera que esa interpretación de la reforma es una forma falsa y equivocada.

Que las reformas, cuando son efectuadas y llevadas a cabo, como es el caso del país y de casi todos los de América Latina, por los círculos privados pertenecientes a las clases explotadoras, obligatoriamente, dichas reformas, como se ve en el área de la salud y en todas las demás, sólo significan que van a ser reforzadas las condiciones y mecanismos con que se oprime y exprime a la población, que esas reformas son para engrasar y volver más efectiva la maquinaria de opresión que ya existe para expoliar y explotar a la población. La moraleja es que ésta, la población, debe dejar la mala costumbre de gustarle tanto que le regalen y de sentarse en forma indiferente a esperar que sus verdugos tengan la iniciativa de resolverles sus problemas.

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