En las togas de estos jueces se esconden las bayonetas de los asesinos del país y del pueblo dominicanos

Los nocivos efectos del sofisma jurídico de "la legalidad vigente mientras ejercíamos el Poder", que no es más que el mismo alegato de los criminales uniformados de la obediencia debida

La resolución adoptada por la Suprema Corte de Justicia del patio, además, con la imprudente y anti-jurídica participación de su Presidente, el montaraz Jorge Subero Isa, en la sentencia que rechaza la instancia para declarar inconstitucional la ley de modificación, en realidad, para la desarticulación y eliminación de las áreas protegidas y los parques nacionales, o sea, la llamada Ley Sectorial de Areas Protegidas, con el fin de entregar ésas a la depredación y voracidad destructiva de la inversión monopolista extranjera o recolonizadora e imperialista, dicha sentencia es en sí inconstitucional y violatoria de los preceptos más elementales del derecho mismo y del carácter obligatoriamente territorial (circunscrita a un territorio) de toda Constitución nacional del país que sea.

De esos males de que adolece la sentencia de marras de la Suprema Corte de Justicia se desprende que esa Suprema es un organismo que no llena necesidades jurídicas del país, sino anti-jurídico por cuanto sustenta la práctica, de manera sistematizada, de anteponer la formalidad legal vigente en cada momento al contenido real y significado concreto de cada ley como truco para favorecer intereses contrarios a las gentes y al país dominicanos, por lo que lo suyo es una acostumbrada práctica amoral (de esa Suprema Corte de Justicia), lo que a su vez le ha impuesto a sus decisiones no sólo el sello de la parcialidad interesada, sino de la unilateralidad anti-dominicana y de ahí la ilegitimidad de sus decisiones.

En las togas de estos jueces, auténticos sátrapas titulados, se esconden las bayonetas de los verdugos y asesinos tanto de la nación como de la población dominicanas.

Lo de que la participación de Subero en la dilucidación y adopción de la instancia solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley de modificación de las áreas protegidas y parques nacionales, invalida y anula dicha sentencia de la Suprema al respecto, no es una simple expresión formal, ni siquiera de filosofía del derecho, sino que es un juicio fruto del más elemental principio del derecho que rige y norma inflexiblemente la conducta y composición de todo tribunal y juez; Subero Isa, quien hace apenas poco tiempo se declaró por voluntad propia, sin que mediara sobre él ningún medio ni procedimiento compulsivo en su contra, el garante número uno y defensor de la inversión extranjera en el país, o sea, defensor de los capitales y actuaciones de las corporaciones y consorcios monopolistas extranjeros, no podía participar, como lo hizo, en el conocimiento de la instancia solicitando que se declare inconstitucional la llamada Ley Sectorial de Areas Protegidas.

Dichas declaraciones de Subero Isa se produjeron apenas en los primeros meses del pasado año 2004, a raíz del rumor de que ese despreciable sujeto podía ser destituido de la Presidencia de la Suprema, para colocar en su lugar a la mujer del zar de la corrupción dentro del pasado gobierno de ladrones que encabezara el hampón Rafael Hipólito Mejía, esto es, la Esmurdoc, mujer o esposa del pepegato Hernani Salazar.

Al participar Subero Isa como Juez Presidente del tribunal, lo hacía de hecho como juez y parte, ya que la Ley Sectorial de Areas Protegidas, cuya inconstitucionalidad se demanda, tiene como finalidad entregarle las áreas protegidas nacionales, como hemos dicho, a la voracidad destructiva de las llamadas inversiones extranjeras, cuya rapacidad es de todo el mundo reconocida y admitida.

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia han usado para servirse en forma insolentemente amoral e inescrupulosa lo de la legalidad vigente o de una de las modalidades de ésta, piruetas jurídicas respecto a las que el tribunal norteamericano de Nüremberg, que conoció el caso de las persecuciones sociales y políticas generalizadas y sistemáticas, el caso Altstoetter, en cuyo juicio resultaron condenados como iguales tanto a los verdugos de la SS alemana como a los jueces, fiscales y funcionarios civiles responsables que pretendieron ampararse en la coartada de apegarse a la legalidad vigente, equivalente a lo que hacen nuestros fiscales, jueces y funcionarios, particularmente los que usurpan de manera harto ilegítima la Suprema Corte de Justicia, en particular la camarilla esa de Jorge Subero Isa, Julio Ibarra Ríos, la Esmurdoc, Luciano Pichardo, Victor José Castellanos Estrella, Hugo Alvarez Valencia, Luperón Vásquez, Margarita Tavares, Enilda Reyes Pérez, Dulce María Rodríguez de Goris, Ana Rosa Bergés, Edgar Hernández, Darío Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José Hernández Machado.

Esos jueces nazi-fascistas y fiscales, más los funcionarios, se aferraron al alegato de que sólo aplicaban la legalidad vigente en Alemania. Y el tribunal dictaminó rechazando ese alegato y estableciendo que esos acusados -como acontece con la Suprema Corte de Justicia del patio- "destruyeron la ley y la justicia en Alemania utilizando para ello las formas vacías del proceso legal".

Y concluyó el tribunal, representando gráficamente la situación que describen, afirmando: Lo que en Alemania acontecía en materia de justicia era sencillamente que el puñal de los asesinos se ocultaba debajo de las togas de los jueces, fiscales y funcionarios de la Judicatura", que es exactamente lo que sucede en nuestro país en materia de justicia y particularmente con las actuaciones de la Suprema Corte de Justicia, con Subero Isa a la cabeza.

Y volvemos a rematar el asunto con el carácter inconstitucional tanto de la ley que modifica las áreas, parques y zonas protegidas como de la decisión absurda, amoral y degenerada de la Suprema Corte y con ello: ¡he ahí la podredumbre pestilente en plena acción de la judicatura del patio, o el sainete y farsa espurios con que se quiere sustituir a la verdadera justicia que se reclama y que se busca!

Resulta que masturbándose como en busca de reparo y justificación de su impotencia senil, la Suprema Corte de Justicia se ahoga en su propia estulticia y queda presa de la arterosclerosis de su inmensa mayoría y la crasa ignorancia pervertida de los más jóvenes y todavía en dominio de gran parte de sus facultades, que siempre han estado emparentados con las peores infamias desde Trujillo hasta las tiranías de Balaguer, si no de los desgobiernos corruptos del PRD y del Pálido.

Así, los miembros de la Suprema Corte de Justicia cometen la acción descabellada de declarar acorde con la Constitución la Ley Sectorial de Areas Protegidas, al mismo tiempo que declaran anulada de hecho la Constitución dominicana misma, puesto que dejan huérfana a la Constitución del territorio mismo a que se circunscribe toda Constitución, situación que es corroborada hasta con la llamada Constitución de la Unión Europea recientemente aprobada. ¿Acaso no es un absurdo sólo posible de ser concebido por estultos envilecidos eso de Constitución sin territorialidad, como expresión de las piruetas jurídicas más extravagantes en que tales personajes se empuercan de sus cabezas a sus pies?

Pero, por demás, debe saberse que lo decidido por la Suprema en respaldo de las Cámaras Legislativas son, tanto uno como el otro, crímenes que jamás prescriben, por lo que, ahora o más adelante, tendrán que responder por ellos, y pagar con lo que hayan acumulado como patrimonios personales y legados a sus descendientes, fruto de su actuación como depositarios de los puñales y demás armas letales empleados por los verdugos del país y el pueblo, las que esconden debajo de sus togas y guardan en esos recintos receptáculos y escenarios del envilecimiento de la nación dominicana.

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