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Prácticas
de AMET y Candelier de colocarse por encima de la Constitución, de los
jueces y de los mecanismos de captación de recursos e impuestos responden
al esquema gubernativo de Rafael Hipólito Mejía de esquilmar al pueblo
de manera cada vez más despiadada Las prácticas a todas luces
de extorsión de la ciudadanía que lleva a cabo la institución represiva
en el área del transporte, denominada AMET, responden al esquema
gubernativo de Rafael Hipólito Mejía de esquilmar al pueblo en forma
cada vez más despiadada y más sistemáticamente. AMET, que dirige el
responsable de más de 2,000 ciudadanos ejecutados por escuadrones de la
muerte policiales por encima de la Constitución y de las leyes vigentes,
es el general llamado Pedro de Jesús Candelier, semanalmente impone, sólo
en la ciudad capital, unas 6,000 multas de tránsito, con la confiscación
y secuestro de los vehículos correspondientes, lo que obliga al uso de
sus grúas. Esas acciones le reportan un
monto de unos 3 a 5 millones de pesos semanales al gobierno de Rafael Hipólito
Mejía como ingresos fiscales de los cuales le da una parte del botín a
la gente de AMET y al general de horca y cuchillo, Pedro de Jesús
Candelier. No cabe duda de que el móvil
de esas acciones represivas está bien distante de crear un sano ambiente
de respeto a la ley, o bien, de un orden moral por parte de los
conductores de vehículos de motor; del mismo modo que los famosos
intercambios de disparos, con los que Candelier asesinó a más de 2,000
ciudadanos desde el 1998 hasta este año en el que fue desplazado de la
jefatura de la P.N., no buscaron volver más respetuosa de la ley a la
ciudadanía ni mucho menos poner coto a la delincuencia, ya que esas
acciones en sí, a nombre de la ley, son actos delictivos y transgresores
hasta de la Constitución de la República.
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