EN IMPORTANTE DEBATE EN LA UASD SOBRE LA SENTENCIA 168-13 SE RECHAZA EL CONSENSO DE LA TRAICION DE DANILO CON LA ULTRA DERECHA RESPONSABLES DE LA TRAGEDIA NACIONAL

Nuestro Partido Comunista -PACOREDO- defendió la total legitimidad de dicha sentencia y enarboló la celebración de un referendo para frenar la amnistía a favor de las hordas haitianas aupadas por el imperialismo y la parásita Iglesia Católica-Vaticano

EL UNICO CONSENSO VALIDO ES EL DEL PUEBLO Y SU SOBERANA VOLUNTAD A TRAVES DE UN REFERENDO

01-04-2014

 

El lunes 31 de marzo se efectuó, en el Paraninfo de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la UASD, un debate en torno a la sentencia 168/13, auspiciada por el doctor en derecho Angel Veras Aybar, profesor de Derecho Internacional Privado en esa institución, quien actuó como moderador; y en cual, dos de sus alumnos expusieron sus puntos de vista, lo mismo que un representante del Centro Bonó y un representante de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO); y donde, en la activa participación del público asistente se pudo evidenciar, se puso de manifiesto el interés que tiene el tema para los dominicanos y cómo el espíritu nacional y la preservación de la patria dominicana se manifiesta en todos los niveles de la población dominicana; que no está dispuesta a dejar que los haitianos, como mercenarios de los monopolios imperialistas, fundamentalmente de las megamineras, y de la Iglesia Católica-Vaticano, destruyan nuestro econicho nacional.

A continuación tenemos para ustedes la intervención que corresponde a nuestra posición, como Partido, en dicho debate:

 

Siendo la nación dominicana una formación histórico-social humana, que ocupa un territorio definido, con una actividad económica articulada a través de un mercado nacional, y compartiendo así condiciones comunes materiales de vida económica, al igual que un idioma; todo lo que conlleva a que esta comunidad posea una psicología, idiosincrasia o forma peculiar de ser, y de ahí su particularidad nacional de carácter cultural, deviene, en forma obligatoria (necesariamente), en una nación, con su derecho a constituir un Estado nacional con todos sus ciudadanos de un idioma común, y, por igual, a darse una ley de leyes, que sea su contrato social interpersonal e interclasista, que es su Constitución.

La Constitución ha de representar, en primer lugar, los intereses históricos, económicos, culturales de la nación; y por ello, como no se trata de ninguna sociedad basada en la igualdad, sino en la explotación del hombre por el hombre, y en la que los medios de producción básicos son propiedad privada de la clase dominante, en las Constituciones modernas o democráticas, se proclaman los llamados derechos democráticos, que casi nunca se cumplen y si se hace es sólo a medias y de manera parcial, destinados a reconocer los derechos de la parte dominada, que es la inmensa mayoría.

Ninguna de las partes, entre las que forman el sector dominado dentro del sistema o formación político e histórico-social imperante, puede disponer a su antojo el rumbo, el destino ni los fines de la Constitución a sus exclusivos y únicos intereses particulares; y los de las clases dominantes o hegemónicas representan los intereses generales comunes, conforme su posición predominante; y de ahí que admitan la proclamación constitucional de los derechos democráticos mencionados.

Para que sea de otra manera se requiere una revolución, y que otra clase, de dentro de las hasta entonces oprimidas, lleve a cabo esa revolución, y se imponga como nueva clase en el Poder, lo que en este país no ha ocurrido aún.

La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, obedece y responde al interés nacional de no permitir que la nación ni el Estado nacional, como formación histórico-social y económica concreta, degenere y termine desapareciendo; mucho menos cuando, como lo demuestra este debate, hay sectores, países extranjeros y grupos que actúan como mercenarios o caballos de Troya y que han venido actuando, taimada y sigilosamente, para darle a la República Dominicana el zarpazo final o el tiro de gracia de su destrucción, con la que sueñan Haití y los haitianos. Esta es la primera razón de principios por la que apoyamos, como constitucional, legal y legítima, dicha sentencia 168/13, adoptada por el legítimo, legal y soberano Tribunal Constitucional de la República Dominicana, conforme a la Constitución, que es su Ley fundamental.

Un Estado tribal que zozobra a causa del empeño de los gobernantes en hacer de su pueblo una horda refractaria a las normas de civilización, y dada a rendirle culto al lejano pasado ancestral africano, busca que la República Dominicana y los dominicanos, carguemos con 3 millones de haitianos, so pretexto de los derechos humanos; cuestión que ni a las autoridades haitianas ni a los haitianos nunca les ha importado ni lo cargan en su alforja.

Y esta es, asimismo, la primera razón jurídica, de legitimidad, legalidad y constitucional, por la que apoyamos, y, todos ustedes, como dominicanos, deben apoyar a conciencia, la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. Se trata de la preservación de nuestro econicho nacional, la República Dominicana.

Objetar, por razones de supuestos derechos de sectores particulares, y extranjeros, la validez constitucional, legal y de legitimidad de dicha sentencia no es viable, si queremos que perdure la nación dominicana, que es nuestra patria.

Pero, además, hay otras razones y fundamentos históricos, ideológicos, políticos, antropológicos y etnológicos que concurren para dar sustento inamovible a la sentencia, y a la vez rechazar las pretensiones y conspiraciones para invalidar la soberana potestad de derecho, basada en la autodeterminación, como base de la democracia, para que los dominicanos, representados a través de su Constitución y las estructuras y el orden jurídico que de ella se desprenden, decidan, como al efecto lo ha hecho el Tribunal Constitucional, con su necesaria y renovadora sentencia 168/13 en defensa de la nación, de su Estado, su historia, su cultura y su soberanía, como su independencia y la idiosincrasia de la dominicanidad. Porque no hay que ocultar que, lo que está en juego es la existencia y el derecho a la existencia de la República Dominicana, y que quienes buscan el socavamiento o la invalidación de la sentencias 168/13 del Tribunal Constitucional, no importa el pretexto que se esgriman, a título de coartada, que ninguno de ustedes sea engañado, es exactamente la destrucción monda y lironda de su patria, la nación dominicana.

Somos así, una nación que es tan antigua como el establecimiento e institucionalización del enclave de poder parasitario llamado los Estados Pontificios, creación del Papa Borgia, Alejandro VI.

Pero, en cambio, nuestra historia es un proceso de lucha por la obtención de nuestra propia fisonomía nacional, y por llenar cada uno de los requisitos y particularidades esenciales de lo que ha de confluir, para llegar a ser una formación histórico-social y humana definida como nación, que es la forma superior de formación histórica del ser humano. Esto significa que hemos recorrido el ciclo histórico luchando con nuestras propias fuerzas, sin padrinos ni como mercenarios, que es el caso de Haití y los haitianos.

Para llenar nuestro ciclo histórico hemos tenido que luchar contra muchos obstáculos poderosos de toda índole y naturaleza; no obstante, desde los inicios del siglo XVII, esos enemigos y obstáculos se resumen y sintetizan, desde el proceso intrauterino de su conformación, por lo que culmina siendo Haití, la haitianidad y los haitianos.

Las continuas e impenitentes invasiones vandálicas, militares, depredadoras y agresiones haitianas vienen desde antaño; desde cuando la nación atravesaba por su proceso intrauterino de gestación; pasando por la agresión y aplastamiento de la primera República, en 1821, y de la segunda, en 1844; además de luchas ante las agresiones haitianas militares y destructoras de las hordas haitianas.

Hasta que un buen día, acordaron admitir que, por esa vía, la República Dominicana era imposible de subyugar; y optaron por la vía alterna de la invasión pacífica, cosa que incluso lo admiten los mismos ideólogos haitianos de tales infamias, como es el caso de Edwin Paraison. Así gritan y patalean por la supuesta matanza que, para contrarrestar a los intrusos haitianos y a su expansionismo, hiciera en la década del ’30 el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Y con fines de retroalimentar sus resentimientos, crean grupos de provocadores como el llamado “Movimiento Memoria del 1937”, para volver a sus andadas y emplearlas como pretexto.

Así, en virtud del principio de la reciprocidad, somos diligentes partidarios de crear de memorias históricas; grupos sobre las incursiones-agresiones haitianas a la nacionalidad e historia de la nación dominicana y en sus períodos actuales.

Podemos tener un grupo de las memorias históricas de la invasión del 1801-1802 de Toussaint Louverture; del 1822 contra la primera República de José Núñez de Cáceres; de la opresión y esclavización por 22 años de invasión y agresión haitiana; grupo de memoria histórica de las invasiones haitianas que en número próximo a las 10 han llevado a cabo.

Y de su perversa y sistemática invasión pacífica, que data del 1870 hasta la fecha.

Si eso no ha tomado forma en firme, es porque nuestros llamados historiadores, en vez de recurrir a los hechos y nutrirse de la realidad histórica para extraer las lecciones pertinentes, han preferido, por conveniencias personales y desprecio por la ciencia histórica y falta de conciencia nacional, dedicarse a resaltar y a enaltecer las embestidas anti-dominicanas de los portadores del anexionismo haitiano; como Price Mars, y sus concepciones truculentas, basadas en la obsesiva negación de la existencia misma, diferenciada de Haití, de la República Dominicana, su Estado nacional y nación.

Los historiógrafos dominicanos, particularmente los que forman la Escuela de Historiografía de la UASD, han adoptado la posición vergonzante y pusilánime, de postrarse ante las tergiversaciones y adulteraciones, viles e infames, de revisionistas de la historia, que de la República Dominicana, con fines espurios y mercenarios, elaboran los historiadores cubanos, castristas revisionistas, y los venezolanos, social-fascistas mussolinistas, oportunistas y anti-comunistas chavistas. Demandamos de ellos que opten por el debate y dejen su labor de insidias mercenarias y envidiosas.

Pero también está el caso de la Argentina y la peronista nacional socialista Cristina Fernández, igual que su difunto esposo Néstor Kirschner, quien hace de instrumento de un pacto de presión con el jesuita Bergoglio, como alias Papa Francisco I, suntuoso título de emperador sin abolengo, que nada nos extraña de esa variante del imperialismo andrajoso italiano, como lo llamó certeramente Lenin. Y todo, a cambio de entregar la República Dominicana a la voracidad de los haitianos; según el interés común de los imperialistas norteamericanos, de la Unión Europea y sus perros de presa como Canadá; y recibir su apoyo, el del Papa, a Cristina Fernández y la Argentina en sus reclamos de Las Malvinas a Inglaterra.

Todo ello se hace bajo la supuesta cobertura de una mercantil y peregrina erección de la Constitución como cuna y fuente de los derechos humanos, bajo el predominio del yugo del imperialismo de los Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, respaldando y obteniendo privilegios parasitarios la Iglesia Católica-Vaticano.

Imponen un sistema capitalista con su modelo neoliberal, como una carnicería única de crimen masivo de lesa humanidad; y, sobre esa realidad, proclaman un supuesto imperio de los derechos humanos; según el cual, de ahí en adelante, las naciones no existen como formación histórica, ni su conglomerado nacional, sino que sólo existen los derechos de los individuos, contrapuestos a las naciones oprimidas; y de ahí la desautorización, a la entera conveniencia de los imperialistas y sus mercenarios, agrupados y pagados a través de las ONG’s, la desautorización de la Constitución como Ley Fundamental de la nación y del Estado nacional.

Y, a todo esto, Edwin Paraison, apenas el viernes 28 de marzo, le acaba de llamar: la práctica perenne de solidaridad de parte de su país, Haití, con la República Dominicana y los dominicanos. ¡Guárdense para mejores fines su llamado espíritu de solidaridad, que no nos gusta y poco lo necesitamos!

Y, peregrinamente, declara inaceptable que la República Dominicana haga valer la soberanía nacional de nuestro país para protegerse de una comprobada invasión masiva de haitianos que, en cantidad de más de 200 mil se declaran dominicanos; invasión auspiciada, y alevosamente perpetrada, por el Estado haitiano en rol de Estado mercenario; lo que también confiesan, cuando Edwin Paraison admite que Haití tiene un órgano en su Estado que se ocupa especialmente de su diáspora; esto es, de hacer lo que están haciendo contra la República Dominicana; pero no se ocupan de ordenar jurídicamente a sus hordas de salvajes.

Otro tanto ocurre con la Academia Dominicana de la Historia, a cuyos miembros, a todos, retamos; junto con los de la mal llamada Escuela de Historia de la UASD, que es un antro o cueva de mercenarios y tergiversadores de la historia a favor de los haitianos, desde esta tribuna y con ustedes como testigos, a debatir las vicisitudes y pormenores de la gestación, desarrollo y constitución de la nación dominicana y su Estado nacional; en los que hay méritos que sobrepasan los de los pormenores de las naciones cubana y venezolana, respectivamente; que ocultan lo de que, tal y como lo demuestra Marx, Simón Bolívar, el mantuano, entró a la historia con la traición y entrega vil a los colonialistas españoles del verdadero precursor y gestor de la independencia venezolana y latinoamericana, Francisco de Miranda.

Los anti-dominicanos y pro-haitianos, que sirven a los despropósitos de las megamineras y sus planes de convertir en territorio inhabitable la República Dominicana, destruyéndole su flora y su fauna, alegan estar de acuerdo y aceptar la Constitución del 2010 en lo atinente a la nacionalidad. Y para ello contraponen antojadizamente lo que establece ésta al respecto, a lo que establecen la del 1966 y la del 1929. Alegan que la del 2010 no reafirma lo de la del 1966 ni la del 1929; y, como haitianos arbitrarios, se inventan el truco de llamar aplicación con carácter retroactivo a la sentencia; cuando de lo que se trata es de la continuidad del Estado y de sus principios básicos, contenidos en su constitucionalidad.

Así, de la del 2010, en lo que respecta a la nacionalidad, no cabe reducirla a un enunciado general, sino reconocer cada una de sus partes; pues es un todo, y no la frase aislada que se entienda conveniente.

Finalmente dos cosas: a) No es viable el llamado consenso entre los cabecillas de los corrup-partidos, verdugos del pueblo y vende-patria; sino que se consulte al pueblo mediante la figura del referendo, contenida en la Constitución y; b) Que la UASD deje de ser un cubil y antro de abominaciones e ignominias anti-dominicanas, como ha venido siendo; o de infamias, como es la de defender la Inquisición, tal y cual desvergonzadamente hiciera el ex-rector, vergüenza de la UASD, Mateo Aquino Febrillet.

Saludos para todos ustedes en la lucha por la patria de todos los dominicanos.

 

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